Poderes de la Unión: tres tipo de cuidado

En México los tres Poderes de la Unión se regatean sus funciones. Eso se ve pocas veces en un Estado. Pero como México no hay dos. El Judicial aprobó el uso de la marihuana con fines recreativos, en el caso de cuatro personas que promovieron un amparo, evitando montar mesas de discusión sobre el tema con el Legislativo. Pero por más que los diputados federales han intentado acercarse con los miembros de la Suprema Corte, éstos se hacen de la vista gorda, por motivos inexplicables.

Por su parte, el Ejecutivo federal no se ha quita la maña de querer legislar a su antojo, comprando voluntades en el Congreso de la Unión. Solo así se aprobaron en la pasada legislatura las tristemente célebres Reformas Estructurales, de las cuales ninguna ha gozado del destino esperado: la petrolera la hundió el precio internacional del barril de crudo; la de comunicaciones se desinfló en las leyes secundarias, y la educativa se desdibujó con la intervención de los líderes sindicales: hijos desobedientes de la convicta Elba Esther.   

Pero el peor traslape de funciones lo opera el Congreso de la Unión. Desde hace un par de legislaturas, los diputados federales han incurrido en la extraña práctica de decidir cuales obras públicas se ejecutarán en cada Estado y municipio y cuales se quedarán sin hacer o a medio hacer. Podrán alegar los legisladores que ellos nada más etiquetan los recursos. Pero en esta práctica aplica bien la famosa máxima: “quien tiene el dinero, manda”, Los alcaldes y gobernadores podrán planear todo lo que quieran, pero finalmente  tendrán que cabildear con los diputados la obra pública, el hospital o la plaza comunitaria. Luego entra el segundo refrán del caso: “el que parte y reparte, se queda con la mejor parte”.

¿Qué hacer para que el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo no se arrebaten sus respectivas atribuciones? Para empezar, denunciándolos. Pero los medios de comunicación se interesan más en darle cobertura a la etiquetación de recursos que a cuestionar tan mala práctica. La prensa se enfocó más a celebrar le resolución de la Suprema Corte sobre el cultivo de la marihuana, que a indagar si el Legislativo merecía participar en ese debate público. Y la opinión pública le dio más relevancia a la dislexia de Peña Nieto (por decir lo menos) que a investigar por qué los ayuntamientos quedaron fuera en el decisión de escoger los proyectos públicos donde gastar, a pesar de que son ellos los que presentaron sus necesidades de infraestructura a la Secretaría de Hacienda. 

En suma, cada uno de los Poderes de la Unión roba atribuciones al otro, y en esta maraña de funciones traslapadas, los únicos que perdemos somos los ciudadanos, sometidos a ver detrás de la barrera la rebatinga del erario público y obligados a cumplir la hazaña de ser expertos en políticas públicas, prácticas parlamentarias y potestades jurisdiccionales, a fin de poder entender, aunque sea un poquito, la magnitud de tamaño desmadre.