En
Inglaterra las autoridades han dado con un algoritmo para bloquear la
pornografía infantil. Algunos expertos de la UANL me han confiado que esta
práctica puede ser la mejor alternativa al controvertido intento del Congreso
de Nuevo León de tipificar el delito de ciberacoso. Entiendo que no son crímenes
semejantes pero atacan el mismo campo de ilegalidad. Sin embargo, no comparto
la opinión de estos investigadores regiomontanos y aquí explicaré porqué.
David
Cameron, el primer ministro británico, ha arremetido en contra de las imágenes
de abuso infantil en línea, advirtiendo que quien se conecte a internet tendrá
como elección inevitable un filtro que lo proteja de este tipo de páginas web. No
será una persecución digital de culpables, previa demanda de los afectados,
como pretendían nuestros legisladores locales en el caso del acoso en la red,
sino una coordinación entre gobierno y proveedores de servicio de Internet que
restringe en automático algunos accesos a sitios polémicos.
El diseñó
de este filtro es relativamente simple, al alcance de cualquier programador
regiomontano, y cancelaría la interface a pornografía extrema, con escenas de
violación simulada fuera de la ley, identifica términos “aberrantes” en los
buscadores como Google que ponga sobre aviso a la policía de posibles pedófilos
y crea una sola Big Data para cercar la red de presuntos delincuentes sexuales.
Incluso
Cameron, ya entrado en gastos, se pronuncia en contra de ciertos tipos de
pornografía altamente violenta, cosa en la que nadie estaría más de acuerdo.
Estas imágenes sádicas normalizan la violencia sexual en contra de las mujeres
y son veneno letal para cualquier joven que las contempla en línea. Lo
conveniente sería que tales videos transmitidos por Internet estén sujetos a
las mismas normas que los vendidos en sexshop, y no ocupen legislación aparte.
Pero donde realmente
la aplicación de justicia de Cameron comienza a hacer agua, y sus buenas
intenciones zozobran, es en la amenaza vedada a los proveedores de Internet. Sin
más, conmina a Google, Yahoo, Facebook y el resto de estas empresas a no
permanecer al margen de la sociedad y ayudar a resolver los obstáculos técnicos
de esta medida de gobierno, porque “deben desempeñar de una buena vez un papel
responsable”.
Para
empezar, Cameron se arroga el controvertido derecho a entrometerse en la vida privada
de los ciudadanos. ¿Por qué el gobierno tendría que ponerme filtros a mí, en la
misma proporción como yo impongo barreras a lo que exploran mis hijos en la
web? Yo no soy menor de edad. Pero ahora resulta que por default estos filtros estarán activos en el ciberespacio donde
navego.
Si, por
poner un caso, yo declaro a Google que me elimine esta restricción, tácitamente
estaré expuesto a ser tildado de “sospechoso pervertido”. En suma, formaré
parte de una sutil lista negra a la que se accede sin querer y de carambola.
Esto, sin tomar en cuento que a veces el exceso de prohibiciones bloquea
también el fácil acceso a páginas totalmente lícitas, lo que ocasionaría
estorbos tan dilatorios como injustificados.
En esencia,
los ciudadanos no podemos aceptar “guardianes públicos de la moral” que me
digan qué hacer o como comportarme “por mi propio bien”. Yo me protejo sólo. Y
los lectores de esta columna también. Pero resulta que esta oportunidad de
ejercitar el libre albedrío comienza a diluirse para los ciudadanos ingleses,
en desventaja cívica (por primera vez), frente a los mexicanos. Y luego
gravitan objeciones técnicas: los filtros digitales no eliminan las páginas de
alto contenido sexual sino que las esconden. Esto dificulta la detección
oportuna de contenidos ilegales. En vez de resolver el problema y poner a
disposición de la ley a los delincuentes, les facilitan su escondite. ¿Buscamos
eso?
De manera
que el ciberacoso y la pornografía infantil no se combaten censurando páginas
web y levantando vallas invisibles sino persiguiendo contenidos ilegales y denunciando
a los operadores de estos sitios pervertidos. Así de simple. Para eso, basta
con aplicar las leyes que ya tenemos ahora. Pero los gobernantes no suelen
practicar el sentido común. Y ya se ve que algunos amigos que tienen en los
medios, tampoco.
En
Inglaterra las autoridades han dado con un algoritmo para bloquear la
pornografía infantil. Algunos expertos de la UANL me han confiado que esta
práctica puede ser la mejor alternativa al controvertido intento del Congreso
de Nuevo León de tipificar el delito de ciberacoso. Entiendo que no son crímenes
semejantes pero atacan el mismo campo de ilegalidad. Sin embargo, no comparto
la opinión de estos investigadores regiomontanos y aquí explicaré porqué.
David
Cameron, el primer ministro británico, ha arremetido en contra de las imágenes
de abuso infantil en línea, advirtiendo que quien se conecte a internet tendrá
como elección inevitable un filtro que lo proteja de este tipo de páginas web. No
será una persecución digital de culpables, previa demanda de los afectados,
como pretendían nuestros legisladores locales en el caso del acoso en la red,
sino una coordinación entre gobierno y proveedores de servicio de Internet que
restringe en automático algunos accesos a sitios polémicos.
El diseñó
de este filtro es relativamente simple, al alcance de cualquier programador
regiomontano, y cancelaría la interface a pornografía extrema, con escenas de
violación simulada fuera de la ley, identifica términos “aberrantes” en los
buscadores como Google que ponga sobre aviso a la policía de posibles pedófilos
y crea una sola Big Data para cercar la red de presuntos delincuentes sexuales.
Incluso
Cameron, ya entrado en gastos, se pronuncia en contra de ciertos tipos de
pornografía altamente violenta, cosa en la que nadie estaría más de acuerdo.
Estas imágenes sádicas normalizan la violencia sexual en contra de las mujeres
y son veneno letal para cualquier joven que las contempla en línea. Lo
conveniente sería que tales videos transmitidos por Internet estén sujetos a
las mismas normas que los vendidos en sexshop, y no ocupen legislación aparte.
Pero donde realmente
la aplicación de justicia de Cameron comienza a hacer agua, y sus buenas
intenciones zozobran, es en la amenaza vedada a los proveedores de Internet. Sin
más, conmina a Google, Yahoo, Facebook y el resto de estas empresas a no
permanecer al margen de la sociedad y ayudar a resolver los obstáculos técnicos
de esta medida de gobierno, porque “deben desempeñar de una buena vez un papel
responsable”.
Para
empezar, Cameron se arroga el controvertido derecho a entrometerse en la vida privada
de los ciudadanos. ¿Por qué el gobierno tendría que ponerme filtros a mí, en la
misma proporción como yo impongo barreras a lo que exploran mis hijos en la
web? Yo no soy menor de edad. Pero ahora resulta que por default estos filtros estarán activos en el ciberespacio donde
navego.
Si, por
poner un caso, yo declaro a Google que me elimine esta restricción, tácitamente
estaré expuesto a ser tildado de “sospechoso pervertido”. En suma, formaré
parte de una sutil lista negra a la que se accede sin querer y de carambola.
Esto, sin tomar en cuento que a veces el exceso de prohibiciones bloquea
también el fácil acceso a páginas totalmente lícitas, lo que ocasionaría
estorbos tan dilatorios como injustificados.
En esencia,
los ciudadanos no podemos aceptar “guardianes públicos de la moral” que me
digan qué hacer o como comportarme “por mi propio bien”. Yo me protejo sólo. Y
los lectores de esta columna también. Pero resulta que esta oportunidad de
ejercitar el libre albedrío comienza a diluirse para los ciudadanos ingleses,
en desventaja cívica (por primera vez), frente a los mexicanos. Y luego
gravitan objeciones técnicas: los filtros digitales no eliminan las páginas de
alto contenido sexual sino que las esconden. Esto dificulta la detección
oportuna de contenidos ilegales. En vez de resolver el problema y poner a
disposición de la ley a los delincuentes, les facilitan su escondite. ¿Buscamos
eso?
De manera
que el ciberacoso y la pornografía infantil no se combaten censurando páginas
web y levantando vallas invisibles sino persiguiendo contenidos ilegales y denunciando
a los operadores de estos sitios pervertidos. Así de simple. Para eso, basta
con aplicar las leyes que ya tenemos ahora. Pero los gobernantes no suelen
practicar el sentido común. Y ya se ve que algunos amigos que tienen en los
medios, tampoco.
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