El doctor León Casciari me aclara
que no debo desacreditar de antemano la aplicación del programa inglés “Delivery
Unit” en el gobierno mexicano y (en un caso remoto), en el gobierno de Nuevo León.
Dice el doctor Casciari que más vale brindar el beneficio de la duda al único
intento de meter orden administrativo en los aparatos públicos “sin ningún antecedente
en América Latina”.
No seré reiterativo, y tampoco
atosigaré a los lectores recordando lo que escribí en un artículo previo: que “Delivery
Unit” es una unidad de medición de metas y de seguimiento a la atención que
brinda la autoridad pública a los ciudadanos en materia de servicios, seguridad
y educación, entre otras.
Pero sí “aclararé” a Casciari sus “aclaraciones”.
Y para eso urdiré no una sino dos respuestas. Va la primera: ni por asomo
pretendí desacreditar la viabilidad de “Delivery Unit” en el gobierno federal o
local. Me parece una espléndida receta para hacer rendir el gasto público. Es
un instrumento de medición más preciso que el utilizado hasta ahora por los
servidores públicos mexicanos. En
este país se miden resultados conforme a la meta cumplida y no conforme al
beneficio social alcanzado.
Me explicaré: aquí nos enfocamos a
utilizar bien el recurso público en el cumplimiento de un objetivo. Para eso se
diseñan indicadores de gestión y de resultados muy rígidos y estrictos. Pero
pocos nos sentamos a reflexionar si estos objetivos fueron de verdad los más
adecuados.
Conozco el caso de cierta
directora de biblioteca pública que fue amonestada severamente por sus
superiores de la SEP: prácticamente había consentido y convertido el local de
libros a su cuidado en una guardería. Las madres trabajadoras de la zona
dejaban a sus niños en la biblioteca cada mañana y volvían por ellos en la
tarde. Esta directora no hubiera cumplido ninguna de sus metas, ni aprobado
ningún indicador de resultados. Y sin embargo la razón estaba del lado de ella
y no de sus superiores: lo que hacía falta urgentemente en esa zona urbana no
era una biblioteca llena de libros y sabiduría milenaria, sino simplemente una
guardería. La meta, no su cumplimiento, era la equivocado. Pero en México los
diseñadores de políticas públicas son
cuadrados e inflexibles. Y peor: no aplican criterio.
El “Delivery Unit” inglés es útil
porque no mide metas cumplidas sino índices de satisfacción ciudadana; mide
resultados, no procedimientos. Por ejemplo, el “Delivery Unit” de operar en
Nuevo León habría descalificado el programa de austeridad del Gobierno de
Rodrigo Medina, más mediático que efectivo. ¿Cuántos millones de pesos
realmente ahorrará la administración con la requisa de varias decenas de
celulares a los funcionarios de segundo y tercer nivel? Los contratos telefónicos
son a 18 meses; las penalizaciones son altas.
¿Ya se sumó el ahorro que arroja
el despido de mil 100 empleados de la nómina estatal? No llega a figura. El
verdadero ahorro sería eliminar los “moches” a proveedores del 15% que incrementan
el gasto de compras y reorientar el gasto operativo; no extirparlo. ¿Mejorará
con estos recortes de bisutería la calidad de vida de los nuevoleoneses? No. Así
que antes de implantar una unidad de seguimiento a los programas públicos, como
lo es la “Delivery Unit”, primero diseñemos buenos programas públicos que
contribuyan a sacar de la pobreza a tantos desheredados. El dispendio de
recursos también es corrupción. Y de las peores.
La segunda respuesta que doy a
Casciari es más breve. La “Delivery Unit” sí tiene varios antecedentes en América
Latina. En Chile le funciona al centavo al Presidente Sebastián Piñera. La
bautizó legalmente como “Unidad de Cumplimiento” y puso al frente a un
administrador heterodoxo, greñudo y eficaz: Claudio Seebach. Si los gobernantes
de México o de Nuevo León quisieran saber como opera la “Unidad de Cumplimiento”
chilena, vayan para Santiago de Chile o pregunten por videoconferencia a
Claudio. Así de simple.
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