El acto autoritario de Felipe
Calderón de quitarle la banda 2.5 Gigahertz (Ghz) a MVS Comunicaciones es un
atentado a la libertad de expresión y a la libre empresa. Dos pájaros de un
tiro. Así de simple.
La familia Vargas adquirió esta
banda de 2.5 Ghz desde hace 20 años para otorgar servicios de televisión por
microondas y lo convirtió en un proyecto empresarial de alto riesgo en aquel
entonces, cuando nadie la quería y a nadie le importaba: no llegaba ni de lejos
a ser un modelo de negocio exitoso. En otras palabras, los Vargas, como buenos
empresarios, se la jugaron. Pero ahora que la banda ancha se ha convertido en
la manera ideal de transmitir datos en imágenes, audio y video, los ofertantes
se disputan la concesión cuando el gobierno de Felipe Calderón se la retiró a
MVS unilateralmente.
Dado que esta banda terminará por
formar parte del duopolio televisivo – doble contra sencillo a que así será –
el caso delata la intención del poder de someter sin miramiento a los medios de
comunicación que no son dóciles con él o a cierto periodismo cada vez más
marginal que elige la vía de la crítica sin cortapisas ni eufemismos cómplices,
como es el caso de MVS y de esa golondrina que sí hace verano, llamada Carmen
Aristegui.
Con la diferencia de que ahora el
poder político no es el único agente autoritario en el sometimiento a las voces
críticas. Lo acompaña un oligopolio de concesionarios que pretende quedarse con
toda la asignación de frecuencias, simulando equidad en la participación
privada en licitaciones y a quien la autoridad pública le ha endosado la
facultad de promover candidatos y trayectorias políticas presidenciales. Ya se
ve que no a todos los medios de comunicación se les aplica el mismo rasero.
Lo peor es que procediendo MVS por
la vía legal, peleando en todas las instancias (ya que Calderón no les dejó
ninguna otra opción), las inversiones en ese sector se frenarán por cinco años,
tiempo estimado que dure el litigio, y tiempo en el que, de acuerdo con expertos
en telecomunicaciones, cambiarán las tendencias tecnológicas globales. Es
decir, en México estamos desperdiciando oportunidades muy valiosas para cerrar
la brecha digital y ponernos en sintonía con el desarrollo de los mercados hemisféricos.
Se cancela, por ejemplo, el
proyecto “Banda Ancha para Todos”,
que emprendía MVS en conjunto con Alestra y Clearwire para dar servicio de
Internet de banda ancha a 55 millones de usuarios, con una inversión de más de
mil millones de dólares. Todo mandado al caño por mera venganza personal de
Calderón, antes de traspasar a Peña Nieto el automóvil gris presidencial que
piloteó en estado inconveniente por seis años. ¿O por cumplir acuerdos que le
protejan y blinden su salida tan accidentada de la Presidencia? ¿O porque
Joaquín Vargas se aferró a impugnar la resolución de concentración de Televisa
en Iusacell?
Este atentado a la libertad de
expresión y a la libre empresa, es doloroso porque lo operan miembros de un
partido, el PAN, que por décadas sufrió en carne propia la represión del
gobierno en contra de la libertad de expresión y de los movimientos
democráticos disidentes. Pero una cosa es denunciar desde afuera, en las
orillas de Los Pinos, y otra muy distinta gobernar desde adentro. ¿O será más
bien que aquellos panistas legendarios de brillo antiguo no son los mismos que
estos “hombres del traje gris” representados por Calderón? Lo escribe mejor
José Emilio Pacheco: “Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos”.
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