Son
frecuentes las críticas en contra del gran poder de varios corporativos
empresariales privilegiados en México: Televisa y Telmex entre otros. A eso se le llama capitalismo clientelista.
La opinión pública apunta que en nuestro país el escenario comercial es injusto
y en muchas áreas apenas existe la libre competencia.
Las soluciones
a este problema suelen girar en torno a una misma propuesta: el gobierno tiene
que incrementar su injerencia en la economía. “Ponerle más dientes” como se
dice ahora ridículamente. Se cree que con más poder, el gobierno estará al tú
por tú con las grandes corporaciones y podrá controlarlas mejor.
La
explicación de esta propuesta es muy simple: a diferencia de Telmex, por
ejemplo, el gobierno defiende los intereses del pueblo, y si no es así es
porque los actuales gobernantes no son aptos para estar el frente del aparato
público. Conclusión: basta con reemplazar a la clase gobernante por otra más
honesta para que el Estado responda mejor a los intereses de la mayoría y acabe
con los monopolios.
Sin
embargo, esta solución es la causa del problema. En realidad, las grandes
empresas modernas, los grandes monopolios como Telmex han nacido a expensas del
gobernante en turno, es decir, son inventadas por éste último. Cada Presidente
de la República escoge a sus empresarios favoritos, quienes reciben los mejores
créditos, los más jugosos contratos y los nexos con el poder político más
convenientes para hacer negocios.
Las
empresas sexenales favoritas suelen crearlas un gobierno federal dedicado en
buena medida a la mera distribución de favores, a fijar inequitativas reglas
del juego económico y a subsidiar a las empresas de su predilección. Al “monstruo frío del Estado”, como lo
definió Nietzsche, le gusta parir hijos que más tarde serán sus parricidas.
El final de
este contubernio ilegal siempre es el mismo: las grandes empresas, inventadas
por el propio gobierno, terminan cabildeando en su propio beneficio las
regulaciones que impone el Poder Legislativo. ¿Quién sale perdiendo en este
caso? Las medianas y pequeñas empresas que sí tienen que ajustarse a leyes económicas
cocinadas “ad hoc” para las corporaciones gigantes, lo que las lleva a la
quiebra prematura, a limitar su expansión y en muchos casos, a no empezar siquiera
a operar comercialmente.
Está
comprobado que a las empresas con menos de 20 empleados les cuesta 50% más
recursos cumplir con las regulaciones que les fija la Secretaría de Hacienda,
de lo que les cuesta proporcionalmente a las grandes compañías con 500 o más
empleados. De manera que en la economía mexicana, el suelo no es parejo para
todos los emprendedores.
En otras
palabras, mientras el gobierno fomenta el éxito de grandes corporativos como
Telmex, perjudica a las pequeñas empresas y desalienta la creación de otras
nuevas. Así, se olvida que un derecho no es lo que la autoridad te debe dar,
sino lo que nadie te debe quitar. Pero en México esta máxima sólo es lujo de
algunos privilegiados que exigen la libre competencia en todos los negocios,
menos en el suyo, donde quieren monopolio asegurado.
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